A la vista del sorprendente borrador del IPT de la Aemps, urge llevar a cabo un estudio económico que recoja los costes directos e indirectos de mantener la estrategia.
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente y se asocia a un incremento de la morbimortalidad. El tratamiento con un fármaco anti-vitamina K tiene una serie de limitaciones. En cambio, los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) han demostrado en los ensayos clínicos beneficios, no sólo en eficacia, sino también en seguridad. Esta es una de las razones por las cuales las sociedades científicas llevan tiempo solicitando al ministerio que se suprima el visado para la prescripción de los ACOD. En el caso de que se mantenga, los expertos propusieron siete cambios con respecto al IPT, sometido a revisión por primera vez desde 2013.
La Agencia del Medicamento ha echado un jarro de agua fría a las esperanzas que profesionales y pacientes habían puesto en la modificación de este documento, que sumará edoxabán a la familia de los ACOD. El borrador enviado no ha atendido ninguna de las recomendaciones emitidas por las sociedades científicas.
El Ministerio de Sanidad siempre ha planteado que la cuestión no es extender el uso indiscriminado de los ACOD, sino dar el tratamiento apropiado para cada paciente, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas. Por eso sorprende que estas recomendaciones, que la Sociedad Española de Neurología se ha visto forzada a volver a remitir a la Agencia basándose en metaanálisis, estudios clínicos y en la práctica clínica, hayan caído en saco roto. El tiempo dirá si la Aemps es sensible a ellos o insiste en su negativa.
Hoy los ACOD constituyen uno de los mejores ejemplos de inequidad en el acceso en el SNS. Su tasa de prescripción en las comunidades autónomas es tremendamente variable por varias razones. Es inevitable contar entre ellas el componente económico de su prescripción.
A finales de 2015, la subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Paloma Casado, reconocía la necesidad de llevar a cabo un estudio de impacto económico "que recoja los costes directos e indirectos de mantener la estrategia de anticoagulados". A la vista del sorprendente borrador de la Aemps parece relevante conocer esta información, que aportaría nuevas evidencias y podría ayudar a definir un posicionamiento terapéutico acorde con los de otros países del entorno español.
Fuente: elglobal.net